Por los delitos de cohecho y certificación irregular de la Ley de Tránsito fueron condenados dos mecánicos acuasados de cobrar coimas para aprobar la revisión de vehículos en la planta de revisión técnica de Bajo Molle en Iquique.

Tras aceptar los hechos de la acusación fiscal, el acusado Luis Ramos Contreras fue condenado a una pena única de 3 años de presidio por ambos delitos en calidad de reiterados; mientras que Felipe Barrientos Carreño recibió una pena única de 541 días de presidio por los dos delitos.

El fiscal a cargo del caso Juan Zepeda explicó que la investigación se inició en abril del año pasado con la denuncia realizada por parte de Radio Paulina sobre una serie de llamados que habían recibido y que daban cuenta de irregularidades ocurridas en la planta de revisión técnica de vehículos motorizados M & M, operada por la empresa Servicios y Construcciones Ltda., ubicada en el sector de Bajo Molle. Específicamente, los auditores denunciaban reiteradas solicitudes de pago de “coimas” por parte de los funcionarios a cargo de la revisión de los vehículos durante el proceso de autorización de la revisión técnica, con la finalidad de aprobar los vehículos sin cumplir con los requisitos legales.

Tras meses de investigación, personal del SEBV de Carabineros  pudo establecer que desde el año 2017 el particular L.Ch.B., de común acuerdo con varios mecánicos que trabajaban en dicha planta de revisión técnica -entre ellos los condenados-, era contactado telefónicamente por distintas personas para que, a cambio de un pago de $20.000, les asegurara la aprobación de la revisión técnica de sus vehículos, recibiendo vía whatsapp las características, placas patentes e imágenes de los automóviles, las que luego enviaba a los mecánicos de la planta.

Los mecánicos acusados eran los encargados de verificar el estado mecánico de vehículos motorizados de diverso tipo, para luego de un proceso completo de examinación, emitir los Certificados de Revisión Técnica respectivos, siempre que estuvieran en condiciones aptas para circular en las calles del país. “Es así que los imputados, con infracción de sus deberes funcionarios, solicitaron y aceptaron recibir diversas sumas de dinero para omitir el examen efectivo de los vehículos, como también para incorporar información falsa en los certificados de revisión técnica, falsedad consistente en declarar que los vehículos estaban aptos para circular en las calles del país, no estándolos en realidad”, afirmó el fiscal.

Las diligencias investigativas realizadas, en especial las escuchas telefónicas, seguimiento y alzamientos de secretos bancarios, permitieron determinar que durante el año 2019, L.Ch.B. realizó 66 depósitos en la cuenta de Felipe Barrientos por un millón 471 mil pesos en total. En tanto a Luis Ramos le transfirió $110.000 en el mismo periodo.

El acusado Barrientos  fue despedido en noviembre de 2019, luego de ser sorprendido por el jefe de la planta tratando de aprobar la revisión técnica de un vehículo, del que no correspondían el número de motor del móvil con la documentación que portaba, también a cambio de dinero.

Con todas las pruebas recogidas durante la investigación y la aceptación de los hechos por parte de los acusados, el juzgado de garantía revolvió condenarlos y otorgarles el beneficio de la remisión condicional de la pena.

La causa se mantiene vigente respecto del imputado L.Ch.B.