Senado aprueba proyecto de cumplimiento alternativo de penas: Reclusión domiciliaria para reos de 80 años

Tras tres intensas sesiones de debate, la Sala del Senado aprobó en general, por un ajustado margen de 23 votos a favor y 22 en contra, el proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. La iniciativa busca que condenados que cumplan con criterios específicos de edad o enfermedades terminales puedan terminar sus condenas bajo reclusión domiciliaria total.

El proyecto, que ahora entra en etapa de indicaciones hasta el próximo 16 de marzo, no estuvo exento de polémicas: una de sus normas clave fue rechazada por no alcanzar el quórum necesario, y parlamentarios de oposición al proyecto ya anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional.

¿En qué consiste la reclusión domiciliaria total?

El corazón de la propuesta, impulsada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI) y otros parlamentarios de Chile Vamos, establece que el encierro en el domicilio sustituirá a la cárcel durante las 24 horas del día.

El tribunal podrá decretar este beneficio en cuatro casos específicos:

• Enfermedad crónica: Cuando la cárcel impida la recuperación o tratamiento adecuado.

• Enfermedad terminal: Para internos con diagnósticos incurables en etapa final.

• Discapacidad: Cuando la condición del reo haga que la cárcel implique un trato "indigno, inhumano o cruel".

• Edad avanzada: Para internos de 80 años o más (o desde los 70 años, si la suma de su edad y los años de cárcel efectiva llega a 80).

"Humanización" vs. "Puerta abierta a la impunidad"

El debate en el hemiciclo estuvo marcado por posturas diametralmente opuestas. Quienes defendieron la moción argumentaron la necesidad de "humanizar" las condiciones de reclusos ancianos o moribundos, asegurando que no se trata de un indulto, ya que la condena sigue vigente pero se cumple en casa.

Por el contrario, los detractores calificaron los requisitos como "laxos" y denunciaron que la ley beneficiaría a condenados por delitos de lesa humanidad y crímenes graves como homicidios y violaciones.

"Esta iniciativa incumple tratados internacionales suscritos por Chile", afirmó la senadora Yasna Provoste (DC), quien junto a Fidel Espinoza (PS) anunció una reserva de constitucionalidad, argumentando que el proyecto contraviene el Estatuto de Roma.

Próximos pasos legislativos

Pese a la aprobación en general, el proyecto sufrió un revés técnico al ser rechazada la norma relativa a la organización de los tribunales de justicia, al no lograr los 26 votos requeridos.

Ante la complejidad del tema, la senadora Claudia Pascual (PC) solicitó la apertura de un plazo para presentar indicaciones, el cual quedó fijado para el lunes 16 de marzo a mediodía.